La mediación es una técnica de resolución de conflictos que, mediante una tercera persona imparcial y experta se intenta llegar a una resolución del conflicto planteado, o bien, llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Podemos decir que la mediación tiene aspectos parecidos a la negociación, en cuanto que la mayoría de los casos ambos partes no obtendrán todas sus pretensiones, pero si un objetivo parecido al que se habían fijado en un primer momento.

La mediación familiar en Catalunya la encontramos regulada en la ley 15/2009 de 22 de julio, mediación en ámbito del Derecho privado. En esta ley se define la medición como,

el apoyo a la familia y como método de resolución de conflictos en los supuestos que recoge la presente Ley, para evitar la apertura de procedimientos judiciales de carácter contencioso y poner fin a los ya iniciados o reducir su alcance.

La mediación podrá ser gratuita únicamente si las partes puede beneficiarse de esta asistencia de gratuidad, sino deberán pagar unos honorarios en función de las tarifas correspondientes.

Si el conflicto deriva en acuerdo, y éste se ratifica a presencia judicial, una vez que gane firmeza, tiene la eficacia de las resoluciones judiciales firmes, produciendo los efectos de cosa juzgada.

Si el conflicto se deriva en acuerdo, pero éste no se ratifica a presencia judicial, el documento en el que se plasme tiene la misma validez que cualquier otro documento público o privado de obligado cumplimiento entre las partes, siempre que reúna los requisitos propios del contrato, que determinan su validez, en cuanto a la capacidad, consentimiento, objeto y causa.

En el caso de que los acuerdos se realice respecto materias y personas que merezcan especial protección, siempre para que sean eficaces necesitaran la aprobación de la autoridad judicial, como es el caso de menores e incapacitados.

Los acuerdos deben dar prioridad al interés del menor y de las personas incapacitadas. Los abogados trasladarán los acuerdos adoptados en la mediación a los convenios reguladores o documentos correspondientes para ser incorporados en el proceso judicial, para su ratificación y aprobación.